ASAP junto a tres organizaciones de servicios legales demandaron al gobierno para que se detengan las deportaciones de miles de solicitantes de asilo en peligro de ser arrestados en redadas que, según los rumores, comenzarán el fin de semana.
La demanda, realizada en conjunto por el Centro de Recursos Centroamericano (CARECEN según sus siglas en inglés), el Centro Legal de Defensores de Inmigrantes (ImmDef según sus siglas en inglés), y el Centro de Asesores, busca proteger a las familias solicitantes de asilo y a niños que están programados para deportación. El gobierno mantiene el poder para deportar a los refugiados sin audiencias porque no se han presentado ante la Corte de Inmigración. Sin embargo, como la demanda describe en detalle, los solicitantes de asilo no pudieron asistir a las audiencias debido a los masivos errores burocráticos y, en algunos casos, malos manejos de las agencias de inmigración. Estos errores generalizados en las agencias hicieron que sea imposible que la gente se enterara de cuándo eran las audiencias.
Repetidamente, las organizaciones legales y las agencias de noticias han reportado que las notificaciones para que los solicitantes de asilo se presenten ante la Corte fueron enviadas a direcciones incorrectas; con las fechas de sus audiencias ya vencidas; fueron emitidas para fechas en las que las cortes no sesionaban; y en algunos casos, para fechas que realmente no existían (como fines de semana y el 31 de septiembre). Por ejemplo, el 31 de enero de 2019, miles de solicitantes de asilo asistieron a Cortes de todo el país con los papeles que demostraban que esa era su fecha asignada, solo para que les dijeran que ese día no se realizarían audiencias. Como resultado, muchos de ellos recibieron la orden de deportación por su ausencia en la Corte. Estos solicitantes de asilo son el blanco principal de la política de Trump de inminentes detenciones masivas.
La denuncia argumenta que la constitución requiere que el gobierno presente ante un juez a individuos sin representación legal para que tengan un día de presentación en la corte antes de que se enfrenten a la deportación.
ASAP emitió la siguiente declaración de su Directora Co-Ejecutiva, Conchita Cruz, frente a la presentación de la demanda: “Nuestro gobierno está buscando detener y deportar a familias que llegaron buscando asilo por la frontera entre México y Estados Unidos, y que nunca tuvieron la oportunidad de ni siquiera presentar su caso frente a un Juez de Inmigración. Para quienes buscan un refugio seguro en la frontera de ambos países, la deportación puede ser una sentencia de muerte. Debemos asegurar que cada solicitante de asilo tenga su día en la corte.”
El Proyecto de Apoyo para Solicitantes de Asilo (o ASAP por sus siglas en inglés) y otros prestadores de servicios legales involucrados en el caso son representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California; la Unión Americana de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), y el bufete de abogados Munger Tolles & Olson LLP.
Puede leer la denuncia completa aquí.